Normativa aplicable

La Ley 2/2023 regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y corrupción (informantes). Transpone la Directiva (UE) 2019/1937, ampliándola al ámbito nacional para infracciones penales y administrativas graves o muy graves. Establece canales internos de información (preferentes) para empresas con más de 50 empleados y todas las entidades públicas, incluyendo municipios. Un canal externo, gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAPI), ofrece una vía alternativa. La ley protege a los informantes de represalias y regula el tratamiento de datos personales. Se crea la AAPI, un organismo independiente, para gestionar el canal externo, investigar denuncias y aplicar sanciones. La ley también contempla la revelación pública de información bajo ciertas condiciones.

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